En una reciente protesta en Río Negro, tres activistas de Greenpeace fueron detenidos por la Prefectura mientras realizaban una actividad a 30 metros de altura en una estructura en las costas de la región. Cuatro escaladores de Greenpeace subieron hasta los 30 metros de altura sobre la antigua instalación en Puerto Punta Colorada para desplegar un cartel con la leyenda «Mar sin petróleo» en contra de la expansión petrolera en las aguas del Golfo San Matías.
Los activistas detenidos fueron identificados como Carlos Bariggi, María Margetich y Florencia Maglia, quienes llevaban a cabo una acción no violenta para alertar sobre los peligros de un puerto petrolero en el Golfo San Matías. Greenpeace ha señalado que el Puerto de Punta Colorada, que solía ser utilizado para el transporte de hierro, ahora pretende ser utilizado para la industria petrolera. Esta construcción inactiva desde hace más de cuarenta años se encuentra en el lugar donde se planea construir un puerto para la industria petrolera, a tan solo 8 kilómetros del Parque Nacional Islote Lobos, el hábitat de reproducción del Pingüino de Magallanes, una especie marina vulnerable.
La coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace, Luisina Vueso, afirmó que la detención de los activistas ocurrió mientras estaban realizando una acción para alertar sobre los daños que un puerto petrolero podría causar en la zona de reproducción y cría de la Ballena Franca Austral. Esta actividad fue presenciada por los tripulantes del barco de la organización Witness, en su primera expedición por el Mar Argentino. Durante esta expedición, se busca relevar y visibilizar las amenazas de la industria petrolera sobre la fauna y los ecosistemas marinos.
En septiembre del año pasado, la Legislatura de Río Negro modificó la Ley 3.308 para permitir la construcción de un puerto petrolero en las aguas del Golfo San Matías. Esta ley anteriormente protegía al golfo de la actividad petrolera, ya que prohibía explícitamente la construcción de oleoductos y terminales para la carga y descarga de buques petroleros. Organizaciones de todo el país acudieron a la justicia para que se declare inconstitucional esta modificación de la ley, pero el Superior Tribunal de Justicia de la provincia desestimó el pedido hace dos semanas argumentando falta de «legitimidad activa» de los accionantes.
Greenpeace advierte sobre el impacto que un puerto petrolero en estas aguas puede tener sobre la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. Las aguas del Golfo San José, ubicado al norte de la Península, dependen del intercambio de aguas con el Golfo San Matías. Por lo tanto, un derrame mayor o incluso microderrames tendrían impactos permanentes y pondrían en peligro las especies y comunidades de la protegida Península Valdés. Además, la actividad petrolera amenazaría las principales actividades económicas de las comunidades locales, como la pesca artesanal, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistamiento de fauna marina.